Columna invitada

Bienes de uso común, sin protección real

Demetrio Rojas

En esta ciudad de Oaxaca de Juárez, el 15 de diciembre de 1951, el entonces Gobernador del Estado, Ing. Manuel Mayoral Heredia ordenó y se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Bienes Pertenecientes al Estado de Oaxaca, que, entre otras dispone que los bienes pertenecientes al Estado de Oaxaca se dividen en bienes de dominio público o de uso común y bienes propios o de dominio privado del Estado.

Especificando que son bienes de dominio público o de uso común, pertenecientes al Estado de Oaxaca: Los caminos, carreteras, calzadas y puentes ubicados dentro del territorio del Estado y que no constituyan vías generales de comunicación, que son de competencia del gobierno federal.

También, los canales, zanjas y acueductos construidos o adquiridos por el Gobierno del Estado para la irrigación, navegación y otros usos de índole públicos; incluyendo las plazas, calles, avenidas y parques públicos del Estado, con excepción de aquellos que por Ley especial esté encomendada su construcción o conservación al Gobierno Federal y de aquellos que sean de propiedad Municipal.

Asimismo, los montes, bosques que no sean de propiedad de la Federación o de particulares y que por disposición del Gobierno del Estado se destinen a fines de interés público.

Se incluyen los monumentos artísticos o conmemorativos y las construcciones levantadas en los lugares públicos para ornato de estos o para comodidad de los transeúntes, con excepción de los que se encuentren dentro de los lugares sujetos a la autoridad del Gobierno Federal; y los inmuebles que están destinados a un servicio público.

Todo ello previsto por el Artículo Segundo de la mencionada Ley.

Abundando que son bienes destinados a un servicio público: Los edificios de las Oficinas del Gobierno del Estado o de cualquiera de sus dependencias; Los establecimientos de instrucción pública y de asistencia social sostenidos y construidos por el Gobierno o con fondos de su erario, y que no se hayan encomendado o entregado a la Federación en virtud de alguna disposición legal o convenio específico; los museos, teatros y edificios construidos o sostenidos por el Gobierno del Estado; las cárceles, los establecimientos correccionales y penitenciarías establecidas que se construyan dentro de la circunscripción territorial del Estado; y en general, todos aquellos bienes construidos o sostenidos por el Gobierno del Estado, o que en lo sucesivo construya o sostenga para la atención de cualquier servicio público local, o que en la actualidad esté destinado a dicho servicio.

De acuerdo con la ley de referencia, en su Artículo Cuarto, dice que “Son bienes propios o de dominio privado del Gobierno del Estado, los que actualmente le pertenecen en propiedad o que en lo futuro ingresen a su patrimonio conforme a la Ley y los bienes vacantes.

Para asegurar la propiedad y garantizar el uso y debido aprovechamiento de los bienes de dominio público o de uso común pertenecientes al Estado, se prevé, en el Artículo Quinto que los bienes son inalienables e imprescriptibles, y no están sujetos, mientras no varía su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o interina. Pueden aprovecharse de ellos, todos los habitantes con las restricciones establecidas por la Ley; pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que prevengan las leyes respectivas.

Abundando, en el Artículo Sexto que: Todos los bienes muebles o inmuebles que constituyan el patrimonio del Estado, incluyendo los de las entidades paraestatales, los organismos auxiliares, las unidades de servicios culturales y turísticos y los de los municipios son inembargables. En consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio, ni dictarse auto de ejecución para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares, en contra del Gobierno del Estado o de su hacienda, sino que tales sentencias se comunicarán al Ayuntamiento, al Titular del Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y Judicial en el término de 10 días, a fin de que, si no hubiere partida en el Presupuesto de Egresos del año, se solicite de la Legislatura del Estado la expedición de un decreto especial que autorice la erogación en las dependencias, entidades paraestatales, organismos auxiliares y municipios.

Se mencionan las anteriores disposiciones con el fin de preguntarse ¿Qué se ha hecho por parte de las autoridades correspondientes para garantizar el debido aprovechamiento de los bienes de uso común, como son las calles y el propio palacio municipal, que actualmente se encuentran en posesión de unas pocas personas?

La autoridad estatal y la municipal han sido omisas en hacer respetar la ley, en cuanto a los bienes de uso común se refiere. Lo peor es que no se ve ningún interés en encausar y solucionar estas irregularidades.

Lo anterior entraña complacencia, contubernio, ignorancia, irresponsabilidad de parte de la “autoridad”. Además, la irresponsabilidad se amplía a los “representantes populares”, sobre todo los divididos provenientes de Morena, que aún siguen en la fiesta de la victoria, pero que nada hacen por tratar de llevar a cabo la transformación, pero si andan muy activos en ocupar puestos en la burocracia partidista.

Ante la incapacidad, Morena está perdiendo adeptos. De los “gobernantes” priistas, Alejandro Murat y Osvaldo García, no hay peores calificativos.

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