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SUICIDIO DE MUJERES EN OAXACA, ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

 Consorcio Oaxaca registra que el 84% de los suicidios sucedieron en regiones con los más altos índices en delitos sexuales y violencia familiar.

 “Lorenza. 69 años. Ocupación: Desconocida. Se ahorcó con su propio rebozo que ató a una planta de café”. Esta terrible descripción nos lleva a preguntarnos qué razones encuentra una mujer para quitarse la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es un problema de salud pública que tiene sus raíces en factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales y culturales. Se atribuye que quienes deciden terminar con su propia vida generalmente sufren de problemas familiares, amorosos, depresión y ansiedad, abuso de alcohol o drogas. Sin embargo, el suicidio es más que un problema personal aislado, sobre todo cuando se trata de mujeres, pues muchos de los casos son el resultado de la violencia de género que impera entre lo público y lo privado. Son mujeres quienes sobreviven en contextos donde la violencia feminicida se incrementa diariamente.

De acuerdo con la plataforma de violencia feminicida de Consorcio Oaxaca, el registro de suicidios de mujeres es de 70 casos del 1 de diciembre de 2016 a la fecha. No deja de ser triste y doloroso observar que las principales causas de muerte han sido por asfixia-ahorcamiento, intoxicación con herbicidas o sustancias tóxicas y arrojarse desde las alturas de un edificio o puente peatonal; que el 40% de los suicidios sucede entre los 15 y los 29 años de edad, rango que se acerca en mucho a las tasas más altas de  suicidio en México[1]; que el 84% de los casos sucedieron en cinco regiones predominantemente violentas para las oaxaqueñas -Valles Centrales, Istmo, Mixteca, Costa y el Papaloapam registran en total 59 casos- y que en dichas regiones existe el mayor número de denuncias por delitos sexuales, 86% de un total de 289,  y por violencia familiar, 94% de los 354 casos registrados en diarios locales de Oaxaca. Como se ha mencionado en distintas ocasiones, lo registrado en la prensa es un subregistro, en relación a los datos que tiene el Estado y, aún más, en comparación con los casos que suceden en la realidad. Por lo que el problema del suicidio en relación con la violencia familiar o sexual es aún más grave.

Es importante destacar que el suicidio también tiene una estrecha relación con el feminicidio. Por ejemplo, la periodista Ana Lilia Pérez señala en el texto «Tráfico de armas, el negocio de la muerte» que: “[…] en los hogares donde se guarda un arma […] aumenta 16 veces la probabilidad de cometer un suicidio; es 43 veces más probable que se mate a algún familiar o conocido, que a un extraño en defensa propia”.

El 15 de marzo de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la sentencia Mariana Lima Buendía en la que se establece que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada como feminicidio. Esto luego de que el asesino de Mariana armó una escena y discurso del crimen en los que planteaba que ella se había suicidado.

Por otra parte, del total de suicidios de mujeres registrados por Consorcio Oaxaca, un 28%  eran amas de casa, estudiantes o empleadas, y un 68% no cuenta con datos sobre la ocupación de las víctimas. Esta omisión en las fuentes de información, tanto en medios locales y nacionales, incrementa la invisibilización de la violencia que las mujeres podrían estar viviendo -en sus contextos públicos o privados- antes de “tomar la decisión” de terminar con sus vidas. La recolección de datos que realizan algunos medios impresos o digitales en muchas ocasiones omiten detalles importantes como el origen étnico, la situación económica, familiar o el nivel de escolaridad[2], información que resulta de gran utilidad para realizar un análisis de contexto desde la perspectiva de género. El seguimiento de los casos en los medios de comunicación, difícilmente centran la información en los hechos ocurridos, en las víctimas, en el impacto que este hecho genera en sus familias o en proporcionar información que fomente la prevención del suicidio y otras formas de violencia hacia las mujeres en la entidad. Esto contribuye a que, de forma explícita o implícita, se continúe reproduciendo la violencia contra las víctimas y sus familias[3].

Según diversos estudios, el suicidio puede prevenirse. Esto requiere de esfuerzos institucionales dirigidos a identificar personas en riesgo y a mejorar la salud mental de la población, así como garantizar la ampliación de servicios y atención a las posibles víctimas. Sin embargo, la omisión de las autoridades e instituciones para reconocer esta problemática, así como la falta de investigación desde una perspectiva de género, dificulta estas acciones. Por ello les exigimos:

– Erradicar la violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito privado como público.

– Mejorar de manera urgente y detallada los sistemas de recolección de datos, sobre todo en los municipios que cuentan con alerta de género desde agosto de 2018, debido a los altos índices de violencia feminicida en que sobreviven mujeres y niñas en comunidades indígenas, en zonas rurales y en extrema pobreza a fin de tomar decisiones informadas de política pública diferenciadas[4].

–  Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres según lo estipulado en el artículo 42 fracción X de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

– Garantizar atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género.

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