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Mario CASTELLANOS ALCAZAR 

 REMOLINO POLITICO                                

 MURAT Y EL FRAUDE ELECTORAL  

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa se involucró en el proceso electoral 2018 que fue para elegir al presidente de México, senadores, diputados y presidentes municipales. Imperó la violencia y se destinaron recursos  públicos para las campañas de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, (PRI). 

El Instituto Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que en Oaxaca se utilizaron los recursos del erario público. Instruyó al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para que se aplique el peso de la ley a través de las instancias correspondientes.   

Murat no acepta la aberración del ahora ex Secretario de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Montero López, quien renunció al cargo luego de haber destinado el presupuesto de esta institución para la campaña  de su hermano Hageo Montero López, quien fue el candidato del PRI a la presidencia de Juchitán de Zaragoza. 

El funcionario renunciado no solo utilizó los recursos económicos sino también materiales y humanos es decir destino parte de los trabajadores de la Secretaría de Asuntos Indígenas para que coadyuvaran en la campaña de su carnal, que por supuesto perdió la elección pero dejó una estela de corrupción que ha sido sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Francisco Javier Montero está involucrado en el asesinato de la fotorreportera, María del Sol Cruz Jarquín, hija de la periodista oaxaqueña, Soledad Jarquín, quien fungía como  Directora de Comunicación Social de la de la Secretaría de Asuntos Indígenas, obligada y presionada para que se trasladara a Juchitán de Zaragoza para apoyar a su hermano en la candidatura del PRI a la presidencia municipal en cuestiones  de publicidad  de sus actos políticos. 

María del Sol sería cesada si es que no cumpliera la orden que le dio su jefe Montero López, pero también utilizó más recursos humanos y materiales fuera de toda ley, lo que se constituye en un abuso de autoridad y desvió del presupuesto de la citada dependencia del gobierno estatal. 

En plena campaña la violencia se exacerbó en la región del Istmo de Tehuantepec, más en Juchitán de Zaragoza en donde sicarios asesinaron a la candidata de una regiduría postulada por el PRI, Pamela Terán Pineda, la fotorreportera María del Sol y el chofer Adelfo Jiménez Guerra, crímenes que hasta la fecha están impunes, pero lo más grave es que el funcionario y el candidato en mención están protegidos por el gobierno estatal cuando debiera aplicarse la ley con todo el rigor del derecho, pues es la oportunidad para que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa haga valer su autoridad y por supuesto que recobrará su imagen política. 

Queda claro que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Jalapa dictaminó hace unos días que efectivamente Francisco Montero López si utilizó los recursos económicos, materiales y humanos para la campaña de su hermano Hageo Montero López, por lo que ambos deben ser sancionados, pero no a complacencia del Ejecutivo, sino que debe tomar cartas en este asunto La Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y asimismo la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, sin embargo estas  instituciones no tienen conocimiento porque todo está en manos del mandatario estatal y por supuesto que hay sobreprotección  de este delito que debiera trascender  en lo penal por los asesinatos. 

En este caso el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca recibió la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se aplique el peso de la ley a los denunciados, es decir a los hermanos Montero López. Pide el órgano electoral que se les aumente la sanción y no solamente la multa de 20 mil  ciento cincuenta pesos al candidato del PRI, Hageo Montero López, sin embargo no se ve la disposición de hacer cumplir el estado de derecho en Oaxaca pese a que existen las pruebas fehacientes de los delitos cometidos. 

Por supuesto que las denuncias han sido minimizadas por el gobierno estatal, quien no ha dado cuenta de la situación política que se derivó del reciente proceso electoral, menos de la brutal violencia y los crímenes de una veintena de candidatos y militantes de diversos partidos políticos, entre estos, el candidato a una diputación, Emigdio López Avendaño, de MORENA, quien fue asesinado en San Vicente Coatlán y asimismo la emboscada del Presidente del Comité Estatal del PRD, Raymundo Carmona Laredo, quien fue candidato a la presidencia municipal de Pochutla. Fue herido de gravedad y se salvó de la muerte. 

carloscastellanos52@hotmail.com

Categories: Columna invitada

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