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Deja EPN el peor contexto de violencia contra las mujeres en México :

-De 2012 a 2017 el OCNF registró 12,796 asesinatos de mujeres, de los cuales en solo el 22% se iniciaron investigaciones como feminicidio.

 -Organizaciones civiles clausuramos simbólicamente Procuradurías y Fiscalías por no procurar justicia, ni dar atención a las víctimas.

 -Como nunca antes en la historia, el nuevo Gobierno Federal enfrenta grandes retos y recomendaciones internacionales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

 

Ciudad de México a 25 de noviembre de 2018.

Un saldo negativo y el peor escenario de violencia que impacta en la vida y seguridad de las mujeres es el legado que deja Enrique Peña Nieto (EPN) al concluir su sexenio.

Las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, han sido ineficientes y sin perspectiva de género. Aunado a ello, las procuradurías o fiscalías en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen. Son “negligentes y omisas”, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de Mariana Lima, emitida en marzo de 2015.

Las estructuras patriarcales a las que nos enfrentamos las mujeres, se encuentran presentes en las relaciones de pareja, en la violencia laboral, en las zonas comunitarias, desde redes criminales y en la violencia institucional. La violencia de género afecta a las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público. Nos enfrentamos a contextos comunitarios de alta criminalidad donde somos consideradas mercancía, botín de guerra. Atentan contra nuestro cuerpo y nos someten a niveles de violencias inimaginables. Aunado a ello, la impunidad es imperante, lo que hace permisible la prevalencia, incremento y agudización de la violencia.

En materia de violencia sexual la situación es preocupante. De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante 2017, solo 89 mujeres accedieron a servicios de aborto por violación, lo que contrasta con los casi 600 mil reportes de delitos sexuales al año, en los que nueve de cada diez víctimas, son mujeres. Cabe destacar que las mujeres víctimas de violencia sexual no reciben una atención integral; por el contrario, en la mayoría de los casos se les criminaliza al negarles el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo. Tan solo entre 2008 y junio de 2017 organizaciones no gubernamentales documentamos 2,659 denuncias contra mujeres por el delito de aborto. Un factor más es el recrudecimiento de los obstáculos por la actuación de grupos antiderechos que se empeñan en impedir cualquier avance que tenga que ver con la igualdad sustantiva de las mujeres.

Otra preocupación en el sexenio que agoniza, es la militarización de la seguridad pública, como política destinada al combate de la violencia. En los últimos años se incrementó el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos, tales como las ejecuciones extrajudiciales, tortura sexual y desaparición forzada de mujeres. Asimismo, el Estado no garantizó la realización de acciones inmediatas de búsqueda en campo, ni existió una coordinación efectiva entre las autoridades federales, estatales y municipales para la búsqueda e investigación de los casos de desaparición de mujeres y niñas.

Los feminicidios en México siguen siendo un flagelo nacional. De acuerdo con datos recabados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el 40% de las víctimas de feminicidio de 2014 a 2017, tenían entre 21 y 30 años de edad, y en el 70% de los casos, las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público. Las causas de muerte documentadas fueron: golpes, estrangulamiento, asfixia, quemaduras, envenenamiento, mutilación, agresiones con armas de fuego, entre otras.

En este contexto tan adverso, el Estado toleró y legitimó la presencia y el control territorial de redes y estructuras criminales a nivel nacional que atentaron contra la vida de las mujeres y niñas. A pesar de que se identificaron y documentaron patrones del delito, prácticas y modus operandi, tanto el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, fueron omisos al negarse a reconocer la vinculación del feminicidio con otros delitos, reduciéndolo sólo al ámbito privado, intentando desconocer que los contextos criminales están atentando contra la vida de las mujeres.

En ese sentido, de acuerdo con la información del Gobierno Federal, del 2012 al 2016 solo se emitieron a nivel nacional 304 sentencias por feminicidio, sin determinar si estas fueron o no condenatorias.

Si bien durante el gobierno de EPN se logró la investigación y la declaratoria de 17 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), éstas no tuvieron el impacto esperado debido a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) no quiso corregir y fortalecer el Mecanismo, a pesar de las propuestas hechas por las propias organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia.

Hoy, “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, estamos frente a un contexto grave señalado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) de la ONU en su novena evaluación, al cuestionar al Estado mexicano, por el incumplimiento de varias de las recomendaciones reiteradas en las evaluaciones recientes y a pesar de las cuales, la situación de violencia es cada vez más grave.

Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, reconocemos que el nuevo gobierno se enfrentará a un contexto como nunca antes en la historia de México, por lo que se requiere de una acción urgente y responsable, con una ruta clara que permita evaluar los impactos de las medidas que implemente para erradicar la violencia contra las mujeres.  Por lo anterior recomendamos lo siguiente:

-Que exista un compromiso real del nuevo Gobierno Federal para resolver de fondo y con un enfoque diferencial, la situación de las violencias que viven las niñas y mujeres en México.

-Eliminar las políticas públicas que no dan resultados, a través de un sistema de evaluación en donde los impactos positivos puedan ser medibles.

-Que el Poder Legislativo proponga un marco legal que depure a las instancias que pasaron de Procuradurías a Fiscalías, a fin de sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión obstruyan el acceso a la justicia, para que la autonomía de las Fiscalías no sea un sinónimo de impunidad frente a los derechos de las víctimas y sus familias.

-Que el Poder Legislativo, las autoridades estatales y federales construyan, de manera coordinada, marcos legales y las políticas públicas para salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres.

-Que el presidente de la República electo, los gobernadores/ra actuales y los cinco nuevos gobernadores/ra incluyan el combate, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres como un eje transversal y una prioridad en sus agendas políticas.

Las defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que conformamos el OCNF en 23 estados de la República, damos cuenta de la inacción, desinterés y dolo que prevaleció en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y estaremos atentas del actuar del nuevo Gobierno Federal. Manifestamos nuestra disposición e interés de trabajar de manera conjunta, a fin de que las mujeres en México puedan vivir en condiciones de igualdad, libertad y seguridad.

Hoy 25 de noviembre, “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” clausuramos la Procuraduría General de la República, Procurías y Fiscalías Estatales:

Por no procurar justicia, ni dar atención a las víctimas.

Por no realizar la búsqueda inmediata de niñas y mujeres desaparecidas.

Por no otorgar órdenes de protección para prevenir los feminicidios.

Por revictimizar, cuestionar y difamar a las víctimas y sus familias.

Por la falta de debida diligencia en la investigación de los feminicidios.

Por la falta de acceso a la justicia en la mayoría de los casos.

Finalmente, denunciamos que la violación de los sellos que colocamos,

encubre la impunidad del Estado.

Atentamente

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

 

Conformado por: Aguascalientes: Observatorio de Violencia Social y de Género Aguascalientes; Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género; Chiapas: Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Justicia para Nuestras Hijas; Mujeres por México en Chihuahua; Red Mesa de Mujeres de Juárez; Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Ciudad de México: Católicas por el Derecho a Decidir; Cátedra Unesco de la UNAM; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Justicia, Derechos Humano y Género; Justicia Pro-Persona A.C; Red Mujer Siglo XXI; Estado de México: Familiares en búsqueda de Justicia, Red de promotoras de Ecatepec, Visión Mundial de México; Hidalgo: Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. SEIINAC; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”;  Guerrero:Observatorio Ciudadano de Violencia contra las Mujeres de Guerrero; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México); Morelos:Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A.C.; Nuevo León: Arthemisas por la Equidad, A.C.; Oaxaca: Colectivo Movimiento Bolivariano de los Pueblos en México; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Puebla: Programa de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ.; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, Quintana Roo: Mayas sin Fronteras A.C; Sonora: OCNF Sonora; Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB); Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C; Veracruz: Red Nacional de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa; Red Por Nuestros Derechos Mujeres en Red.

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Oaxaca enfrenta incapacidad gubernamental para poner fin a la violencia contra las mujeres

-Desaparecidas, violencia familiar y feminicidios: temas ignorados por Murat

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones feministas y colectivas  realizamos acciones para denunciar la ineptitud del gobierno del estado de Oaxaca frente a la ola de violencia feminicida en la entidad.

En este segundo año de la administración de Alejandro Murat Hinojosa nada ha cambiado referente a la violencia contra las mujeres a pesar de que el 30 de agosto del 2018 se declaró la alerta de género para 40 municipios. Por el contrario, vemos como cada día la violencia se incrementa y reflejo de ello es que hasta el 23 de noviembre documentamos 235 feminicidios.

La región de Valles Centrales es donde se comete el mayor número de feminicidios, 56 casos; seguido del Istmo y la Costa donde se cometieron 41 feminicidios. Papaloapam es la tercera región con mayor número de asesinatos violentos con 34 feminicidios.

En el 57.4% de los feminicidios las mujeres fueron asesinadas a balazos por lo que insistimos en cuestionar de dónde están saliendo las armas, porqué el Estado no tiene regulación en el tráfico  y portación ilegal.

Entre otras formas en las que asesinan a las mujeres  se encuentran: asfixia, golpes, degollamientos, puñaladas o incineradas, lo que nos demuestra  saña y odio .

En el 64% de los casos de feminicidios en los que es posible conocer la relación con el agresor éste tenía o tuvo un relación sentimental con la víctima (novio, esposo, concubino, ex novio, ex esposo). Nos alerta que no existan acciones de prevención y mucho menos de atención a la violencia familiar, de la cual  hemos documentado 218 casos en lo que va el sexenio de Alejandro Murat.

Reiteramos que la violencia contra las mujeres y niñas cobra vidas a edades más tempranas, en este 2018 documentamos 4 casos de niñas menores a 5 años brutalmente asesinadas. El rango de edad en el que se comete el mayor número de feminicidios en Oaxaca oscila entre los 11 a 40 años.

Una problemática que empieza a cobrar más fuerza en nuestro estado son las mujeres desaparecidas, hemos documentado 398 mujeres, se hace más evidente la incapacidad de las instancias gubernamentales para proteger y garantizar la vida de las mujeres.

El acceso a la justicia para las familias víctimas de feminicidios y para las mujeres sobrevivientes a la violencia, es todo un viacrucis. Se enfrentan  a una atención carente de perspectiva de género, a investigaciones sin seguir protocolos existentes para el feminicidio, violencia sexual; los procesos son lentos y llenos de obstáculos. La Fiscalía General del Estado tiene una deuda grande con las mujeres oaxaqueñas, al igual que la Secretaría de la Mujer que debería tener la batuta en la materia y ha enfocado su trabajo a dar excusas para no emprender acciones contudentes.

Condenamos el actuar de esta administración que ha sido omisa y opaca. Exigimos a las que dejen la simulación y trabajen en pro de una vida libre de violencia para las mujeres. Les recordamos que aún tienen compromisos que cumplir  con la actual alerta de género como:

-Transversalizar la perspectiva de género en la Fiscalía General del Estado

-Crear un banco estatal de datos e información sobre  casos de violencia contra las mujeres

-Presupuestos con perspectiva de género

-Estrategia para la atención específica del fenómeno de violencia que sufren mujeres y niñas indígenas en Oaxaca

-ecanismos  para  la  supervisión  y  sanción  a  servidores  y  servidoras  públicas debido  al  incumplimiento de las normas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.

Las mujeres en Oaxaca estamos hartas de la violencia y por eso tomamos las calles para exigir ¡basta ya! Necesitamos que como sociedad conjuntemos esfuerzos para hacer frente a esta sociedad machista y patriarcal.

¡Nos queremos vivas!

¡Ni una menos!

¡Justicia ya!

¡Por una vida libre de violencia para todas las mujeres!

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