* Más del 87%  se ubican en el rango de los 11 a los 17 años de edad.

*Cuatro regiones concentran más del 70% de niñas y adolescentes desaparecidas en la entidad.

Las niñas, niños y adolescentes representan  la tercera parte de la población nacional. Sin embargo, desde 1924, año en que se estableció en México la Celebración del Día del Niño, la infancia en este país aún no goza plenamente del acceso y ejercicio de sus derechos, pues sigue siendo un tema pendiente para el Estado, las familias y la comunidad. El panorama es peor cuando hablamos de menores de edad indígenas, quienes alcanzan porcentajes de pobreza cercanos al 80% a nivel nacional[1]. Si a esto sumamos que una gran parte de la niñez mexicana vive en contextos de vida en alto riesgo, tanto al interior de sus familias y en las instituciones, podría entenderse por qué son víctimas potenciales de la violencia y negligencia de las autoridades y de la sociedad.

Aunada a esta situación, se encuentra la falta de empatía de parte de quienes escuchan, leen, reportan o reconocen algún tipo de violación a los derechos humanos de la infancia en entornos cotidianos, urbanos o comunitarios, ya que difícilmente se actúa para detener las agresiones a infantes por considerarse algo “normal” que los familiares, maestros, autoridades, utilicen golpes, insultos, abusos e incluso ejerzan sobre ellas y ellos violencia sexual, pues se les sigue considerando como “objetos de protección” y no como personas participantes y tomadoras de decisiones sobre su propia vida. De ahí que los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS), muestren que el 22.5% de niñas y niños entre 9 y 11 años, y el 36% de adolescentes entre 12 y 17 años, considera que en México sus derechos se respetan poco o nada[2].

La cara de la violencia contra la niñez también adquiere otras dimensiones cuando se aborda por género, pues son niñas y adolescentes quienes se han convertido en víctimas potenciales de la violencia feminicida que ya resulta inaceptable en este país. Tan sólo en la entidad, según el subregistro que realiza Consorcio Oaxaca, de las 1967 agresiones a mujeres, 558 casos corresponden a niñas y adolescentes, quienes comienzan a ser víctimas de agresiones desde antes del año de edad – hay 10 casos registrados en la plataforma de violencia feminicida-.

Los datos resultan alarmantes si se observa que del total de mujeres desaparecidas en Oaxaca -766 casos del 01 de diciembre de 2016 a la fecha- 433 son niñas y adolescentes, más del 87% de estas víctimas se ubican en el rango de los 11 a los 17 años de edad[3] y en cuatro regiones se concentran más del 70% de los casos en la entidad: Valles Centrales con 247 casos, Istmo con 53, Mixteca con 37, Papaloapam 34 y Costa con 30.

Por otra parte, es frecuente que los delitos sexuales contra las niñas  y adolescentes -20% del total de agresiones en este rango de edad- sean por violación, acoso y abuso sexual. Además, los 36 feminicidios cometidos contra ellas sucedieron principalmente con arma de fuego, arma blanca, golpizas y quemaduras en el cuerpo, lo cual refleja un aumento alarmante en el número de feminicidio infantil en Oaxaca, sobre todo en regiones enmarcadas por altos índices de inseguridad y criminalidad[4].

Tan sólo en lo que va de este año se han contabilizado en la entidad 43 desapariciones, 7 feminicidios y 6 delitos sexuales de niñas y adolescentes, cifras que difícilmente pueden considerarse como oficiales cuando se sabe que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año[5] , uno de cada diez feminicidios en el país afecta a niñas y adolescentes[6]  y 25 mil adolescentes, de entre 12 y 17 años, sufrieron alguna agresión sexual[7].

En el marco del Día Nacional de las Niñas y los Niños, desde Consorcio Oaxaca manifestamos nuestra preocupación ante la magnitud y frecuencia con que ocurren estas violaciones a los derechos de las infancias en la entidad, exigimos al gobierno del estado, a la sociedad civil, a las autoridades educativas, a las familias y comunidades:

  • Que se consoliden  los sistemas locales de protección a nivel municipal, y la elaboración de los Programas Estatales de Protección de niñas, niñas y adolescentes.
  • Que se habiliten sistemas de información a nivel nacional, para contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos.
  • Incluir la participación de las niñas, niños y adolescentes y de la sociedad civil en la conformación de los Sistemas de Protección, así como el fortalecimiento de los procesos de profesionalización de sus servidoras y servidores públicos.
  • Crear liderazgos masculinos desde la infancia y la adolescencia que se opongan abiertamente a la violencia y la discriminación, explorando una nueva forma de masculinidad que fomente relaciones sociales y políticas capaces de atajar estas formas de violencia contra las niñas y mujeres[8].
  • Proveer educación sexual a las infancias en todos los niveles educativos del país, para que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos como una herramienta indispensable para prevenir la violencia  aprendiendo a conocerse y cuidarse desde edades tempranas.

Oaxaca de Juárez, 30 de abril de 2020

Por REMM

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