Columna invitada

En tela de juicio Expresidentes de México ¿en el lodo de la corrupción?

En tela de juicio

Expresidentes de México ¿en el lodo de la corrupción?

Demetrio Rojas

Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, son, tal vez, los expresidentes de México que estarían en la mira de una parte de la ciudadanía que busca sentarlos en el banquillo de los acusados, presuntamente por participar en casos de corrupción y sobornos, como los de la constructora Odebrecht.

Como titulares del poder ejecutivo federal, los señalados han dejado de ser servidores públicos, al fenecer el periodo legal de duración para cada uno de ellos, por lo que, en tratándose de casos criminales, se podría presentar la denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), quien se encargaría de iniciar la indagatoria correspondiente mediante la apertura de la carpeta de investigación. Sin embargo, se ha optado por agotar un paso extra, llevar el caso ante la población ciudadana para que decida si está de acuerdo en que los expresidentes sean investigados por la autoridad competente –la FGR–, para que determine si ha lugar a la consignación ante la autoridad judicial por los delitos que resulten y, de ser así, sean juzgados y sentenciados.

Es conveniente anotar que: cada persona es responsable de sus propios actos, por hacer o no hacer; que en su caso, cada expresidente sería enjuiciado de manera independiente a los otros, salvo que exista conectividad en los hechos o coparticipación; que el procedimiento a seguir sería el que establezca la ley al momento en que se hayan cometido los hechos, ya sea a través del sistema acusatorio adversarial o mediante el anterior sistema inquisitivo.

Cada sistema tiene sus propias reglas e incidentes que tienen que ver con el tipo de delito o delitos, las penas que corresponderían e, incluso, la circunstancia de la retroactividad de la ley.

Pero primero hay que ver la ruta de la participación ciudadana.

Para que los hombres y mujeres ciudadanos decidan, se debe realizar una consulta ciudadana, prevista y reglamentada por la Ley Federal de Consulta Popular de 2014. La cual, en su artículo 12, señala, en primer lugar, quienes podrán solicitar una consulta de este tipo, al considerarlo como un tema de “trascendencia nacional”. Ellos son: a) el jefe del Ejecutivo; b) el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso; y, c) el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, anotando su nombre, firma, clave de elector  o el número identificador ubicado al reverso de la credencial de elector, en la papeleta foliada y autorizada por la Cámara de diputados.

La petición de consulta, por cualquiera de los sujetos tendría que presentarse entre el uno y el 15 de septiembre, teniendo como referencia las elecciones federales del 2021.

Como segundo paso y una vez presentada la petición de consulta –acompañada de la pregunta que, en dado caso, se haría a la gente–, se remitirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revisión y determinación de constitucionalidad.

Prácticamente es a partir del día tres de septiembre en que se inicia la campaña para recabar las firmas de un millón 800 mil 720 ciudadanos por lo menos, ya que la lista nominal actualmente se integra por 90 millones 36 mil ciudadanos.

Por su lado, un grupo de Senadores han presentado la solicitud, pero faltan 27 de los 43 que se requieren.

Dígase de paso que, en parte, han argumentado su petición en los siguientes términos: “A ese entramado perverso no han estado ajenas, por omisión o por comisión, las más altas esferas del poder político. El combate a la corrupción y a la impunidad es una causa noble que interesa a todos los mexicanos”.

 

En cuanto al Presidente, ha mencionado que él presentaría la solicitud en caso de ser necesario.

La petición de consulta, por cualquiera de los sujetos tendría que presentarse del uno al 15 de septiembre, teniendo como referencia las elecciones federales del 2021.

Una vez presentada la petición y acompañada de la pregunta que, en dado caso, se haría a la gente, se remitirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su revisión y determinación de su constitucionalidad.

La pregunta planteada por los senadores es: ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Si los peticionarios son diputados o senadores, la solicitud se presenta ante la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, para ser turnada a la Comisión de Gobernación y emita su dictamen, una vez aprobada, se lleva al Pleno de cada Cámara del Congreso; de ser aprobada por ambas Cámaras, la Revisora la enviará a la Suprema Corte para los efectos antes mencionados.

Si no fuese aprobada la solicitud, se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido.

Para que los resultados sean vinculatorios u obligatorios, se debe registrar una asistencia total del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, equivalente a 36 millones 14 mil 400 participantes.

En el supuesto de que la respuesta dominante sea “SI”, la FGR se encargará de iniciar una carpeta de investigación, dando lugar al inicio formal del procedimiento y, enseguida, al proceso penal, en contra del o de los expresidentes, el o los cuales estarían en prisión preventiva, en libertad o en alguna otra modalidad, terminando el proceso con una sentencia, ya sea  condenatoria o absolutoria.

Vale decir que a partir de ahora, los supuestos involucrados pueden hacer uso de los recursos legales del procedimiento de consulta, así como los propios del proceso penal como el ofrecimiento y desahogo de pruebas, el ejercicio del juicio de amparo, hasta la fuga o evasión de la justicia.

En términos jurídicos, la consulta está por demás. Prácticamente solo será útil para que las partes, Fiscalía e Inculpados,  tengan tiempo para preparar la acusación y defensa.

En términos político-electorales, será de gran impacto entre la población, al hacerla participe de un juicio popular adelantado en contra de sus exgobernantes y que éstos, tanto como los que se encuentran en funciones, se den cuenta que no son inmunes a la condena o al desprecio popular, como tampoco impunes, en un momento determinado, ante la justicia basada en el derecho.

El repudio hacia las personas por su condición de servidores públicos, que se genera por un mal gobierno, deshonesto e inmoral, afecta no solo a la persona sino abarcará a su familia, cargando todos con el desprestigio de ser señalado por el pueblo.

Falta mucho aún para conocer el desenlace de este ejercicio democrático institucional. Por lo pronto, los actuales y futuros servidores públicos deben de escarmentar en cabeza ajena.

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